11 sep VD.- Este 9 de septiembre fue asesinado el abogado Javier Ordoñez en la localidad de Engativá en Bogotá a manos de la policía colombiana con 11 descargas eléctricas de pistolas de electrochoque y golpes en todo su cuerpo. El hecho generó una oleada de protestas contra la brutalidad policial en la capital y las ciudades principales de Colombia, incluyendo la ciudad fronteriza de Cúcuta. El informe de la necropsia realizado al abogado arrojó nueve fracturas en el cráneo.
Por Danna Urdaneta* ¿Quién dio la orden de masacrar en Bogotá y de intensificar las masacres en el país durante el mes de agosto, después de que Álvaro Uribe Vélez fuera detenido? En la madrugada el ministro de Guerra Carlos Holmes Trujillo alentó a que la Policía siguiera haciendo su trabajo mientras que el expresidente Álvaro Uribe continuó su campaña terrorista y xenófoba pidiendo militarizar el país, judicializar al liderazgo social y expulsar a los extranjeros.
En ese sentido, Carlos Holmes Trujillo asumió el tratamiento de la protesta en la capital y aplicó una política de seguridad ciudadana amparada en la genocida doctrina de Seguridad Nacional: instruyó la incorporación de 750 efectivos de la Policía Metropolitana de Bogotá, más 850 que vendrían de otras partes del país y 350 soldados del Ejército Nacional.
Así el gobierno del subpresidente Iván Duque le da un tratamiento de guerra al descontento social cuando incorpora soldados del ejército más grande y mejor entrenado de América Latina para combatir las protestas. Desde el Paro Nacional del 21 de noviembre de 2019 todo apunta a la creación de las condiciones de un golpe de Estado en Colombia para imponer un estado de conmoción e instaurar una dictadura fundamentada en la doctrina de Seguridad Democrática 2.0.
Le puede interesar: La protesta social, entre la judicialización y el exterminio
Policía Metropolitana de Bogotá fuera de la ley
Las redes sociales fueron testigas del nuevo modus operandi de la Policía, estrenado en el Paro Nacional del pasado 21 de noviembre del año 2019: se encapucha, usa helicópteros y armas de fuego, entra sin orden de allanamiento a casas de trabajadores, destruye las viviendas, dispara a quemarropa contra personas que no están involucradas en las manifestaciones y contra los propios manifestantes, lleva en sus vehículos a personas armadas vestidas de negro sin ningún tipo de identificación, disparan junto a civiles no identificados en las calles al mejor estilo paramilitar.
La represión en la capital colombiana ha recordado al estallido social del Bogotazo por el nivel de violencia estatal para combatir las grandes movilizaciones populares en medio de la sangre derramada. La masacre en Bogotá iniciada este 9 de septiembre de 2020 se suma a las 55 masacres en el territorio nacional registradas por Indepaz y la Defensoría del Pueblo, donde las últimas víctimas fueron jóvenes estudiantes y menores de edad que llegaron a ser torturados y degollados.
Recuerde: Colombia: 48 masacres en 2020
Redes sociales y terrorismo de Estado
Las redes sociales se convirtieron en el primer canal de comunicación y denuncia de manifestantes y víctimas del atropello policial. Desde la mañana de este 10 de septiembre organizaciones sociales, líderes políticos, periodistas y un sinfín de personas denunciaron en sus cuentas de Twitter que en el Día Nacional de los Derechos Humanos de Colombia hubo 248 heridos, incontables desapariciones y torturas de las cuales hasta hoy no hay cifras consolidadas.
El excongresista Alirio Uribe Muñoz hizo un llamado para que a los jóvenes asesinados por la Policía les fuera aplicado el protocolo de Minessota, así como anunció que va a representar a la familia de Julieth Ramírez, joven de 20 años asesinada con una bala en su corazón a 100 metros del Comando de Acción Inmediata -CAI- La Gaitana, en Bogotá; la familia de Cristian Hurtado, también asesinado por balas de Policía en el municipio Soacha, será representado por el defensor de Derechos Humanos del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.
Vea también: Jornada 9S: Al menos 100 heridos y 7 muertos
Martha Peralta Epieyú, presidenta del Movimiento Alternativo Indígena y Social -MAIS- denunció junto al excongresista Benedicto González la brutalidad policial contra 58 personas heridas de gravedad, tratos inhumanos contra un niño indígena en el departamento Cauca, y la masacre de ocho personas en la capital colombiana: Julieth Ramírez, Camilo Hernández, Jaider Fonseca, Germán Smith, Julián González, Andrés Rodríguez, Angie Vaquero, Cristian Merece.
Con la etiqueta #SOSMasacres y #SOSMasacreBogotá usuarios en la red social Twitter subieron las pruebas de asesinatos, brutales represiones y desapariciones forzosas. Incluso la alcaldesa de Bogotá calificó lo sucedido como una masacre, sin embargo, la Policía está bajo las órdenes de las alcaldías según el artículo 315 de la Constitución Política colombiana.
Derechos humanos en cifras
La Campaña Defender la Libertad publicó un boletín este viernes donde informó de manera urgente que a las 10:30 pm de la noche del jueves habían registradas 138 personas detenidas solo en Bogotá, en las que se encuentran varios niños, niñas y adolescentes que señalan haber sido golpeados por la Policía. La Campaña denunció que la Fuerza Pública ha impedido el ingreso de defensores de derechos humanos para verificar la situación de las personas detenidas, ignorando el trabajo de los defensores y defensoras de Derechos Humanos, contemplado en el Decreto 563 de 2015.
Igualmente Indepaz este 11 de septiembre ha emitido un comunicado alegando que son inconstitucionales las órdenes de Carlos Holmes Trujillo e Iván Duque a los comandantes de la Policía ya que estas funciones solo pueden operar por medio de la autoridad de alcaldes y alcaldesas. Este 11 de septiembre es más clara las denuncias de golpe de Estado del gobierno nacional contra la alcaldía bogotana. Claudia López, de centro, ha sido crítica al manejo de la pandemia que Iván Duque y su gobierno han implementado. En Bogotá comienza a instaurarse un gobierno policial.
¡Paz para Colombia, para la guerra nada!
*Danna Urdaneta es comunicadora, activista y colaboradora para Vida Digna desde el Comité de Solidaridad Internacional y Lucha por la Paz –COSI– Venezuela.
