31 dic VD- Los 10 años del Congreso de los Pueblos son un hito importante en un país donde el movimiento social y político ha sido fuertemente perseguido, criminalizado y exterminado. Durante este año 2020, a pesar de la crisis generada por la pandemia del Covid-19, continuamos levantando banderas en todo el territorio nacional, fortaleciendo alternativas de Poder Popular, construyendo un país para la Vida Digna.
Una urgente reforma dentro de la Fuerza Pública, el reconocimiento de un genocidio que supera la crisis humanitaria de asesinatos a líderes, lideresas sociales y firmantes de los Acuerdos de Paz (FARC-EP y Estado colombiano), y la necesidad de detener la estigmatización a la protesta social en un contexto continental que lucha por garantizar la vida y los territorios hacen parte de este recorrido por las principales apuestas que los pueblos han realizado para superar el mal gobierno de Iván Duque y que, gracias a las movilizaciones y protestas, han evidenciado simpatía con la sociedad colombiana y de toda Nuestra América.
Crisis humanitaria y DDHH
El inicio de la pandemia en Colombia permitió visibilizar la grave situación que se vive en las cárceles del país. Las condiciones de hacinamiento e insalubridad en gran parte de los reclusorios llevaron a los y las presas a generar acciones de presión frente al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC- para que sus Derechos Humanos fueran garantizados. Sin embargo, ante estas exigencias no hubo más respuesta que la represión. El 21 de marzo, 23 reclusos fueron asesinados y 80 más quedaron heridos por las Fuerzas Armadas, durante una protesta simultánea en 13 penales del país que exigían garantías de bioseguridad durante la crisis del Covid; fueron brutalmente reprimidos, especialmente, en la cárcel La Modelo de Bogotá, donde sucedió la masacre.
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Las acciones desproporcionadas de la Fuerza Pública contra la población marcaron el 2020. Acciones como el asesinato de Anderson Arboleda en Puerto Tejada, Cauca, y el de Javier Ordóñez en Bogotá fueron dos de los múltiples casos en los que la Policía Nacional cometió crímenes contra la población. En estos casos, la ciudadanía salió a las calles a exigir justicia y fue nuevamente reprimida por la Policía; agentes de la institución accionaron armas de fuego en contra de los manifestantes en varias ocasiones y, durante las protestas del 9 y 10 de septiembre, asesinaron a 13 personas e hirieron a 100 más en la capital del país.
Aunado al accionar irregular de la Policía Nacional, también se encuentra la persecución y criminalización de los líderes y lideresas sociales por parte de la Fiscalía General de la Nación. Así, casos como el de Adelso Gallo, Teófilo Acuña y Robert Daza pasaron a engrosar la lista de liderazgos sociales que son estigmatizados y sufren judicializaciones por culpa del Gobierno. Según cifras del Comité de Solidaridad con Presos Políticos, han sido 43 los procesos que la Fiscalía ha generado contra el Congreso de los Pueblos y en ninguno de ellos ha podido demostrar alguna culpabilidad.
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Por otro lado, registramos la situación del Cañón del Micay, Cauca, donde las amenazas contra la vida y el territorio mantienen un ambiente de masacres ante el silencio cómplice de las instituciones del gobierno de Iván Duque. El cañón del Micay hace parte de una de las regiones más convulsionadas del Cauca que, a su vez, registra el segundo mayor número de masacres por departamento en Colombia. Esta crisis deja en todo el país un saldo de 90 masacres perpetradas, 309 líderes y lideresas, así como 61 firmantes del Acuerdo de Paz asesinados en 2020.
Movilización y Poder Popular
A pesar de esta crisis, el movimiento social y popular ha respondido con múltiples manifestaciones y protestas que dejaron ver las justas luchas y la fuerza de las comunidades en las calles y carreteras del país. Este ambiente para la construcción de Poder Popular ha permitido que se generen acciones conjuntas para rechazar el mal Gobierno y exigir así condiciones dignas para la vida en Colombia.
Lastimosamente, la crisis de la pandemia no fue impedimento para que se continuara con el genocidio a líderes y lideresas sociales. Durante el inicio del 2020, multitudinarias Marchas por la Dignidad, recorrieron el suroccidente, oriente y norte del país, para reunirse en la capital y denunciar la situación.
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Diferentes pueblos adaptaron sus formas de organización autónomas para garantizar lo que el Estado colombiano tiene como responsabilidad; las Guardias Campesinas, Guardias Cimarronas y las reconocidas Guardias Indígenas posibilitaron la protección de la vida y salud durante la crisis de la pandemia. Gracias a esto, por ejemplo, los pueblos protagonizaron fuertes luchas por la Vivienda Digna, como fue el caso de Altos de la Estancia, en Bogotá, donde ganaron el pulso a la Alcaldía Mayor que había programado desalojo contra cerca de mil de familias sin mediar palabra.
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De igual forma ocurrió con el movimiento estudiantil que, ante la crisis de millones de familias colombianas, salió a las calles a exigir la educación como un derecho y, por lo tanto, la Matrícula Cero en las Instituciones de Educación Superior. En varios claustros se realizaron huelgas de hambre que fueron un mecanismo de presión importante para lograr esta meta que posibilitó que muchos estudiantes no tuvieran que suspender sus estudios.
Sin embargo, los estudiantes también denunciaron múltiples agresiones por parte de la Fuerza Pública, uno de los casos más conocidos que continúa en la impunidad es el asesinato de Dilan Cruz, perpetrado el 23N de 2019 por el Escuadrón Móvil Antidisturbios -ESMAD-. El capitán de la Policía Manuel Cubillos, que disparó el arma contra Dilan, todavía se encuentra trabajando para esta institución.
Las mujeres y disidencias sexuales también fueron protagonistas durante el 2020, al denunciar el incremento de la violencia de género, así como violaciones y abusos de la Fuerza Pública. Todas exigieron igualdad de derechos y, al protestar, el movimiento feminista inundó con miles las calles de varias ciudades. El 30 de septiembre y el 25 de noviembre, por ejemplo. Estas jornadas se realizaron en el marco del primer aniversario del Paro Nacional 21N de 2019 que hizo costumbre movilizarse los 21 de cada mes.
Otra gran movilización que se dirigió a la capital ocurrió en octubre del 2020 fue la Minga Indígena, Negra, Campesina y Popular que logró unir a miles de personas que le exigían al gobierno de Iván Duque diálogo y cumplimiento de acuerdos previos, especialmente, en favor de la vida, la paz, la democracia y los territorios. Esta Minga fue clave para consolidar el apoyo del país a las justas luchas de los pueblos que diariamente reclaman derechos para todos y todas.
Luchas y resistencias globales
En toda Nuestra América la situación política y económica fue similar durante el 2020. Son pocos los gobiernos que no son de extrema derecha y, con políticas muy similares a las de Iván Duque, presidentes como Jair Bolsonaro (Brasil), Lenin Moreno (Ecuador), Sebastián Piñera (Chile), Nayib Bukele (El Salvador), entre otros, profundizaron los niveles de desigualdad en contra de los pueblos, condenando a millones de personas al hambre y la muerte. Sin embargo, los gobiernos de Sebastián Piñera (Chile), Jeanine Áñez (Bolivia), Nicolás Maduro (Venezuela) y Alberto Fernández (Argentina) vivieron fuertes movilizaciones sociales que resultaron en sanciones trascendentales a favor de los pueblos a corto, mediano y largo plazo.
Bolivia, luego del golpe de Estado contra Evo Morales en 2019, fue gobernada por Jeanine Áñez con racismo y clasismo, sobre todo contra mujeres indígenas que protagonizaron multitudinarias movilizaciones a nivel nacional por la defensa de la vida y los territorios debido a la ausencia del Estado antes y durante la pandemia. Los pueblos de Bolivia, ante el mal gobierno de Áñez, exigieron adelantar elecciones para nombrar un nuevo Presidente y así, tras varios meses de protestas, ganó Luis Arce la Presidencia. Este es un retorno del Movimiento Al Socialismo -MAS-, partido en el que, junto a Evo Morales, Arce milita; un regreso a políticas de soberanía y autodeterminación que desde hace 14 años gobiernan con éxito al país andino.
En Chile, el conjunto de reclamos que varios sectores de la sociedad gritaron durante semanas en las calles y carreteras de ese país se materializó en una Asamblea Nacional Constituyente. Allí, donde se implementaron inicialmente las políticas de privatización del neoliberalismo en toda Nuestra América, se comprometía al Estado para modificar la Constitución en favor del retorno a los derechos como bienes públicos y universales. Cabe recordar que fue el Dictador Augusto Pinochet quien, durante su gobierno (1973-1990), promovió la Constitución que será enterrada el próximo año.
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Venezuela celebró elecciones parlamentarias donde el chavismo ganó mayorías que trabajarán por la creación de leyes que logren superar el contexto de crisis generada por Estados Unidos y sus ataques a la economía del país vecino. Con las elecciones, además, termina el periodo de gobierno del autoproclamado presidente interino Juan Guaidó. Estas elecciones no solo representan una victoria para la soberanía del pueblo venezolano, sino un golpe a la derecha venezolana y un revés a la política intervencionista de gobiernos como el de Iván Duque y Donald Trump (Estados Unidos) que, incluso con ataques armados paramilitares, atentan contra el gobierno legítimo y constitucional de Nicolás Maduro.
Argentina, por su parte, celebró esta semana la aprobación del Aborto legal, seguro y gratuito para todas aquellas mayores de 16 años que así lo deseen. Este derecho permite que la maternidad sea una decisión y no una obligación, además, significa una reducción en miles de casos de víctimas mortales por interrupciones clandestinas de embarazos no deseados. Luego de más de 30 años de lucha feminista, las protestas y los grafitis que tanto incomodaban dieron fruto, Argentina es pionera en el tema del ejercicio de derechos sexuales y reproductivos, ejemplo para todo el continente.
Estas luchas e iniciativas populares que Nuestra América y Colombia bien saben articular, se suman a las de soberanía y defensa de la madre tierra. Los Territorios campesinos Agroalimentarios y la lucha contra hidroeléctricas como Hidroituango; la lucha contra el despojo de nuestros bienes comunes y el claro fortalecimiento de la organización obrera junto a los sindicatos; el fortalecimiento de la cultura y medios de comunicación populares; todas son alegrías que el 2020 también nos deja hacia la construcción de la Vida Digna.
VD 31/12/2020
