Tribunal Permanente de los Pueblos: un camino de Justicia, Vida y Paz

1 feb VD.- Colombia sufre desde hace varias décadas un genocidio político en contra de los movimientos sociales: estigmatización, judicialización y asesinato a líderes y lideresas sociales. Durante varias décadas de guerra, y en medio de la histórica desigualdad, estas personas construyen proyectos para la Vida Digna de sus comunidades, son defensores y defensoras de Derechos Humanos y la Madre Naturaleza. Su exterminio destruye sistemáticamente la cooperación, autonomía e identidad de los pueblos. No obstante, se han construido modelos de justicia que denuncian y condenan estas acciones en contra del Buen Vivir, el Tribunal Permanente de los Pueblos -TPP- es uno de ellos.

Cómplice de este genocidio es el actual gobierno de Iván Duque, por medio de la impunidad y la omisión. El gobierno uribista registró en el año 2020 el estigma y judicialización de movimientos sociales y políticos como el Congreso de los Pueblos, el asesinato a 64 firmantes del Acuerdo de Paz entre las FARC y el Estado, así como el asesinato de 310 líderes y lideresas sociales.

Esta guerra entre personas ricas y empobrecidas, entre la burguesía y el movimiento popular, entre el sistema capitalista y una propuesta para vivir dignamente, vivió el pasado 26 de enero la instalación virtual del TPP en Colombia. Es la tercera vez que nuestro país recibe a este tribunal creado en 1976, que va más allá de las fronteras nacionales y responde a los principios de la paz, de los Derechos Humanos y de la autodeterminación de los pueblos.

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En el año 1989, durante el gobierno de Virgilio Barco (1986-1990), y en el año 2008 durante el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010) el TPP sesionó en contra de la impunidad y de las violaciones a los Derechos Humanos: 1. acerca del genocidio durante los años 80 contra militantes de movimientos sociales como ¡A Luchar!, y Frente Popular, así como del Partido Político Unión Patriótica; 2. frente a la relación genocida entre multinacionales y paramilitares en la primera década del siglo XXI. Estas sentencias del TPP han sido una herramienta para la memoria histórica del pueblo colombiano, para evitar que se establezca el olvido y para exigir historia digna para la paz.

¿Qué es genocidio?

De acuerdo con nuestros mandatos, entendemos al genocidio como los actos cometidos a nivel mundial con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo seleccionado de acuerdo con un criterio discriminatorio, y hacen parte de las herramientas y prácticas genocidas la judicialización, los confinamientos, las masacres, los asesinatos selectivos, entre otros. Es decir, el genocidio en Colombia es un proyecto que asesina proyectos sociales y políticos de transformación social.

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Mandato de Justicia Popular

Si bien el TPP es relativamente nuevo en el Derecho Internacional, desde hace siglos caminan alrededor del mundo propuestas de justicia comunitaria y rutas concretas de reparación integral a los problemas, modelos populares que fortalecen las relaciones entre la sociedad y la Madre Naturaleza para superar el castigo carcelario que no resocializa y reproduce la desigualdad. Estas propuestas de justicia contrahegemónica garantizan la dignificación de la vida para la población impunemente segregada, reprimida, perseguida, desplazada, encarcelada.

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Es necesario el respeto a la vida de los pueblos que buscan superar las condiciones de desigualdad, y construir un país en paz implica solucionar políticamente los crímenes de las Fuerzas Militares y de Policía en contra de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. En ese sentido, proponemos un marco legal pactado y refrendado por los pueblos que disminuya y prevenga los delitos desde su raíz.

Invitamos a identificar y condenar por medio del TPP a los responsables del exterminio político que vivimos actualmente, un debate público que sesionará los días 25, 26 y 27 de marzo del presente año para construir y fortalecer la justicia comunitaria y popular, aquella que alivia el dolor de miles de víctimas del conflicto armado pues visibiliza nacional e internacionalmente la verdad: la lucha por la defensa de los Derechos Humanos y la Madre Naturaleza no es delito, es un derecho de los pueblos para dignificar su existencia. Una justicia realmente democrática construida de manera participativa que reclama ¡Que pare el genocidio!

VD 1/02/2021