12 mar VD.- El Congreso de los Pueblos asistirá al Tribunal Permanente de los Pueblos para denunciar el proceso genocida que el Estado colombiano viene perpetrando en contra del campesinado. Como organización nos unimos a las voces de denuncia en contra del Estado; el movimiento social y popular alzará su voz y exigirá justicia en este tribunal internacional los días 25, 26 y 27 de marzo del 2021.
¿Qué es el TPP?
En 1979, se consolida el Tribunal Permanente de los Pueblos -TPP- como una consecuencia del Tribunal Rusell II que, entre 1974 y 1976, enjuició a varias dictaduras de América Latina, sacando a la luz las graves violaciones a los derechos humanos que se estaban cometiendo en este continente. Desde su creación, el TPP ha sesionado en diversos países con el objetivo de mostrar los crímenes y delitos que se cometen en contra de la vida de los pueblos que, ante la negligencia de otros organismos internacionales, no cuentan con instancias reales que respalden sus denuncias y que los apoyen para que se les garantice la vida y la integridad en sus países.
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El TPP es, entonces, un ejercicio de justicia popular donde acuden los pueblos del mundo, que no son escuchados en las Cortes Internacionales, que son perseguidos por sus Estados y que son marginados por un sistema global de segregación para denunciar y visibilizar el exterminio del que son víctimas. La sesión número 48 de este Tribunal abordará el Genocidio Político y tendrá lugar en Colombia, país donde el TPP ya ha sesionado en dos ocasiones, a saber, 1991-La impunidad de los crímenes de lesa humanidad en América Latina y 2006-2008-Las empresas transnacionales y los derechos de los pueblos en Colombia.
Tierras, territorios y soberanías
Desde su surgimiento en el año 2010, el Congreso de los Pueblos ha tenido como una de sus líneas de trabajo el tema de tierras, territorios y soberanías. El Congreso sobre esta temática se desarrolló en el año 2011 en Cali, Valle del Cauca, y, desde allí, se emitieron los mandatos populares que han orientado el desarrollo de estos componentes como pilares al interior de la organización, dado que se ha comprendido que el problema de la tenencia de la tierra, de la vida en los territorios y de la construcción de soberanías han sido elementos transversales en la historia de Colombia y son una de las causas del largo conflicto social y armado que se ha vivido en el país. En ese sentido, se ha reconocido que, desde las comunidades, se vienen generando alternativas de vida en las que se construyen relacionamientos más allá del consumismo y se tejen otras formas de habitar la tierra y de relacionarse con otros, otras y otres.
A partir de este proceso, el Congreso de los Pueblos decidió que, a la sesión número 48 del TPP, llevaría el caso del genocidio del campesinado colombiano que ha sido una constante histórica, cuyas raíces se remontan a la primera mitad del siglo XX y que hoy se ha visto agudizado con la crisis humanitaria que se vive en el territorio nacional.
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De acuerdo con lo anterior, el proceso genocida contra el campesinado se ha manifestado a través de prácticas como: la militarización de los territorios, los bombardeos, el despojo, el desplazamiento forzado, la judicialización de líderes y lideresas, entre otras. Estas estrategias están orientadas a destruir los tejidos que las comunidades campesinas han construido a lo largo de generaciones y buscan acabar con la autonomía y con los lazos de cooperación que existen en estos territorios.
El Congreso de los Pueblos va al TPP
Lamentablemente, son muchos los casos que, como Congreso de los Pueblos, podrían presentarse en el TPP. No obstante, en un ejercicio colectivo se priorizó la visibilización de las prácticas genocidas que el Estado colombiano ha tenido en contra del movimiento campesino.
La Asociación Nacional de Usuarios Campesinos -ANUC- fue creada en 1970, luego, en 1987 se constituyó como la ANUC-UR (Unidad y Reconstrucción). Este proceso organizativo del campesinado realizó varias acciones orientadas a la construcción de una propuesta agraria, al cierre de la brecha campo-ciudad, a la generación de propuestas de economía propia y, en general, a la defensa de las comunidades campesinas.
A lo largo de la historia, el Estado colombiano ha realizado varios operativos militares en contra de los campesinos y campesinas, los cuales generaron grandes desplazamientos a partir de la década del 50. Luego, se cambió el método de despojo a partir de la creación de grupos paramilitares que ocupaban el territorio mediante el uso del terror, las masacres de la población y la tortura de varias personas de las comunidades.
Así, durante la arremetida paramilitar de finales del 90 y principios de este siglo, las regiones campesinas sufrieron múltiples violaciones de sus derechos, las cuales vinieron acompañadas por la imposición de políticas neoliberales que terminaron de revictimizar al campesinado. Fue en el marco de estos procesos que la ANUC-UR fue exterminada.
A pesar de este exterminio, el campesinado continuó organizándose y generando procesos de resistencia. En estos espacios, coinciden los y las trabajadoras del campo, los y las mineras y otras personas que habitan en los campos colombianos. Sin embargo, el Estado colombiano continúa desconociendo a estas comunidades y prioriza la legislación en favor de empresas nacionales y multinacionales de extracción de recursos minero energéticos, la adjudicación de tierras para monocultivos y agroindustria y la impunidad frente al despojo por parte de militares y paramilitares que han seguido exterminando a quienes defienden el campo desde procesos como el Coordinador Nacional Agrario -CNA-.
Este 25, 26 y 27 de marzo, el Congreso de los Pueblos mostrará cómo los asesinatos selectivos, la judicialización de líderes y lideresas, la impunidad, las masacres, los desplazamientos forzados, el despojo, la militarización de los territorios y las incursiones paramilitares han sido algunas de las acciones que han llevado al campesinado colombiano a denunciar internacionalmente que el Estado colombiano no solo no ha garantizado la vida y la integridad de las comunidades, sino que ha auspiciado prácticas genocidas en su contra.
¡El pueblo se levanta por el pueblo!
[…] Fueron la templanza, la entereza y la determinación las que incomodaron tanto a los señores de la guerra, las que hicieron temblar al establecimiento que ordenó asesinar a Don Marco, porque esa ha sido, históricamente, la respuesta del Estado ante quienes alzan la voz y denuncian las injusticias. La muerte que silencia, que genera miedo, que rompe procesos de encuentro fue la que quisieron imponer cuando ese 19 de marzo dispararon contra Marco Rivadeneira. Sin embargo, se equivocaron, como siempre, porque las comunidades del Putumayo, del suroccidente y del país entero seguimos viendo en Don Marco un ejemplo, una guía, una semilla que germina en nuestras luchas por la vida, por la dignidad y la esperanza, luchas que son las suyas y las de cientos de líderes y lideresas más que han sido judicializados, perseguidos, estigmatizados y asesinados por este Estado Genocida. […]