La democracia tiene miedo a recordar: Finalizó 48 sesión Tribunal Permanente de los Pueblos

2 abr VD. Sin la presencia del Estado colombiano, el tribunal internacional de justicia propia finalizó el pasado 27 de marzo en Medellín con un alegato de los pueblos de nuestro país a la comunidad internacional: “Durante tres días hemos escuchado elocuentes y contundentes testimonios que configuran la historia de la represión en Colombia y que demuestran con suficiencia la eliminación del contrario, del otro, del que no comparte el modelo social, político y económico imperante en nuestro país, como una práctica sistemática que pretende eliminar cualquier forma de disidencia que ponga en peligro la hegemonía de las élites”.

Efectivamente, denunciamos cómo el movimiento campesino colombiano, particularmente la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos Unidad y Reconstrucción -ANUC UR- sufrió por parte de la élite colombiana sistemáticas amenazas, atentados, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias desde el año 1983 hasta 1991. Sistematizamos en contra de este movimiento campesino 32 masacres, con 142 víctimas y el desplazamiento forzado de 12 mil personas en el Sur de Bolívar, por ejemplo. La ANUC fue reconocida nacionalmente por la bandera: “la tierra pa´l que la trabaja”.

El anterior caso de la región Caribe fue acompañado por reclamos del Coordinador Nacional Agrario -CNA- que, desde el año 1995, sufre el asesinato de sus liderazgos sociales a nivel nacional. Frenar una Vida Digna en Colombia durante el paro cafetero de 1995 significó para la Policía Nacional asesinar a Fernando Lombana Martínez, líder campesino del CNA. Hoy, el Congreso de los Pueblos registra la judicialización de más de 40 integrantes del CNA que en ninguno de los casos se ha demostrado culpabilidad alguna. Miguel Daza y José Vicente Murillo son dos líderes que actualmente se encuentran presos debido a su protagonismo en la construcción garantías para el buen vivir en el campo colombiano, en la cosecha de soberanía alimentaria en departamentos como Casanare y Arauca.

Durante el 25, 26 y 27 de marzo, también resaltamos el asesinato a los liderazgos de la Asociación de pequeños y mediados agricultores del Tolima -Asopema-, en lo que fue un proceso que victimizó mortalmente procesos campesinos en todo el país durante  y después del Frente Nacional (1958-1978); una época donde la democracia de los Partidos Políticos evitó que sectores populares tuvieran representación y participación eficaz en las decisiones y ejercicio del gobierno colombiano.

Similar a la actualidad, el campesinado junto a sectores como el estudiantil rompieron este cerco de las élites pero sufrieron la peor parte. Junto al ejemplo de Asopema podemos añadir las experiencias históricas de la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar -Cisbcsc-; la Asociación Nacional Campesina José Antonio Galán Zorro -Asonalca-, la Asociación de Campesinos de Antioquia -ACA- y el Comité de Integración Social del Macizo Colombiano -CIMA-, entre otros.

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Genocidio de Estado

Los altos niveles de violación de los derechos humanos contra los sectores populares en Colombia, reflejados en comunidades campesinas, afro e indígenas que nos unimos en contra del desplazamiento forzado y la explotación de la Madre Tierra y los bienes comunes, dan cuenta del propósito de la élite para destruir nuestras diversas identidades, impedir que una distinta concepción del mundo se extienda en la sociedad y oriente nuevas relaciones políticas, económicas y culturales. Son los niveles de violencia desde el Estado y actualmente desde el gobierno de Iván Duque los que indican este genocidio.

Así pues, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas -ONU-, ha declarado el genocidio como un crimen contra el derecho internacional, sea que se haya cometido por motivos religiosos, raciales o políticos, o de cualquier otra naturaleza. Por tanto, lo que relatamos junto a diversos testimonios en Bucaramanga, Bogotá y Medellín en el TPP es la memoria de sobrevivientes a un genocidio que el Estado colombiano, desde hace más de 102 años, tiene miedo a recordar. En el TPP se registró la masacre de artesanos de Bogotá en 1918 como el primer hito de prácticas genocidas, esa vez contra el derecho al trabajo.

Como lo recordó la Fiscalía de los pueblos, a la masacre de 1918 perpetrada por el Presidente Marco Fidel Suárez (1918-1921) le siguieron periodos con diferentes técnicas de destrucción política, social, cultural, religiosa, moral, económica, biológica y física en contra de organizaciones que luchaban por el derecho a la educación, aquellos por condiciones laborales dignas frente a empresas nacionales o multinacionales, por el derecho a la tierra, muchos por el derecho a la paz, unos más por la democracia.

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El Congreso de los Pueblos, líderes indígenas, campesinos, negros, estudiantes, sindicalistas, quienes nos oponemos al modelo de muerte y construimos Vida Digna, reiteramos nuestra lucha por la tierra, la defensa de trabajadores y trabajadoras, la educación universal, gratuita y de calidad, así como por la verdad, la memoria y contra la impunidad.

VD. 2/04/2021