29 oct VD.- La recién pasada Caravana Humanitaria por la Vida y la Permanencia en el Territorio del Río San Juan conoció la crisis humanitaria que viven allí pueblos afro e indígenas. Una de las propuestas de las comunidades, frente al desplazamiento, confinamiento y escalonamiento del conflicto, es la construcción e implementación de un Acuerdo Humanitario Ya.
Debido a la profundización del conflicto social, político y armado que, entre otras, ha militarizado sus territorios, las veredas y corregimientos que visitó la Caravana -Istmina, Medio San Juan, Litoral San Juan y Sipí, Nóvita- son territorios afectados por la guerra que se libra entre el Ejercito Nacional, los paramilitares autodenominados Autodefensas Gaitanistas de Colombia -AGC- y el Ejército de Liberación Nacional -ELN-.
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La Caravana constató el confinamiento a las comunidades, una realidad que afecta ostensiblemente la soberanía alimentaria e impide el desarrollo de las dinámicas propias de las economías locales; el deterioro de la salud de las niñas, niños y adultos mayores, por ausencia de atención y medicamentos básicos, así como de plantas medicinales (por el desplazamiento forzado interno disminuyó la siembra). Asímismo, la Caravana registró los problemas, en mantenimiento y falta, de plantas eléctricas; sumado al poco personal docente, instalaciones educativas; y la ausencia de planes y alternativas de recreación y deporte para la población.
Fue evidente la vulneración y falta de garantías a los derechos humanos. En este recorrido humanitario se puso de manifiesto la presencia de proyectos privados de explotación al territorio que reclaman la propiedad de 32.450 hectáreas del Consejo Comunitario General del San Juan -Acadesan-. Las entidades territoriales dilatan respuestas y claridad sobre el tema, las comunidades negras e indígenas reclaman que dicha situación pone en riesgo el derecho a la autonomía y al gobierno propio.
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El abandono institucional del gobierno de Iván Duque pudo comprobarse ante el desinterés de las autoridades convocadas por las organizadoras de la Caravana. La Defensoría de Pueblo, la Procuraduría, la Gobernación y las alcaldías de los municipios de esta zona no asistieron a ninguno de los actos del recorrido, con la excepción de la Alcaldía de Istmina, que acudió durante pocas horas a la jornada del día 15 de octubre en Noanamá.
Entre los incumplimientos del Estado se señaló, específicamente, el relacionado al Capítulo de Étnico de los Acuerdos de Paz entre las FARC-EP y el Estado colombiano; la ignorancia y descuido sobre la normativa Ley 70 de 1993 que reconoce derechos específicos a las Comunidades Negras, Auto 040 de 2018, Auto 005 de 2009, y el Auto 091 del 24 de febrero de 2017 de la honorable Corte Constitucional.
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Finalmente, junto a las exigencias de las comunidades del San Juan, varias son las recomendaciones de la Caravana a la Fuerza Pública y el resto de actores armados, al Gobierno Nacional, a los Organismos Internacionales, y a la sociedad civil en general. Entre ellas destacamos:
- No involucrar a los pobladores en el conflicto de los actores armados.
- La implementación y cumplimiento de los Acuerdos de Paz firmados en la Habana, Cuba y ratificado en el Teatro Colón entre las FARC-EP y el gobierno nacional, así como lo concerniente al capítulo Étnico.
- Implementar efectivamente rutas de acción y medidas de atención a la población desplazada forzadamente y confinada.
- En cumplimiento de los principios de complementariedad y subsidiariedad, garantizar atención humanitaria para las comunidades, familias y personas afectadas por el desplazamiento forzado y el confinamiento.
- Apoyar y promover la realización y acompañamiento de la Caravana Humanitaria que se viene planificando desde las diferentes autoridades locales, organizaciones sociales, de derechos humanos y comunicaciones.
- El llamado a la sociedad civil es a solidarizarse con los habitantes de esta región y para que se sumen a próximas actividades, que incluyan la veeduría respecto al cumplimiento de los derechos humanos y mejorar las condiciones materiales de vida de una población sometida a condiciones de extrema pobreza ante la dejación del Estado en su obligación de atender estas necesidades básicas y universales.
Para mayor detalle vea: Informe de DDHH de la Caravana
VD
